Por tercer año consecutivo, representantes de Albacora, empresa del sector atunero, se han reunido con miembros de UGT e ITF (International Transport Workers Federation) para renovar el convenio colectivo que, desde que se firmara en 2015, formaliza unas condiciones laborales aceptables para los tripulantes extracomunitarios empleados en los buques de la citada compañía.
Este convenio, en su dimensión internacional, ha sido pionero en el sector pesquero al contener cláusulas que permiten una mejora de los mínimos requeridos por la OIT en sus convenios internacionales y garantizan el derecho de los tripulantes a asistencia y representación sindical.
Tradicionalmente, el sector pesquero no ha sido especialmente permeable a la negociación colectiva por sus particulares características. Actualmente, con la entrada en el mercado de trabajo de tripulantes extracomunitarios, la situación ha cambiado y, a la vista de la falta de cobertura normativa del sector, la ITF y sus sindicatos afiliados –entre los que se encuentra UGT– se ven en la obligación de velar por la mejora de las condiciones de estos trabajadores e instar a la negociación colectiva por parte de las empresas del sector.
Es indudable que en esta industria globalizada existe un vínculo entre pesca ilegal y prácticas de trabajo abusivas e inaceptables. Las lagunas en la legislación internacional y la carencia de controles efectivos dan lugar a una inadmisible competencia desleal dentro de la industria. El convenio firmado con Albacora debe extrapolarse al resto de empresas del sector, por ello, las organizaciones sindicales firmantes, conscientes de que la verdadera protección del trabajador emana de la negociación colectiva, estamos trabajando para que así sea.
En este sector de actividad, conviven empresas solventes y responsables, como Albacora, con otras que violan los principios y derechos elementales en materia social, laboral, de sostenibilidad, etc. Por ello, desde las organizaciones sindicales se insta a las Administraciones públicas a que velen por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y hagan un estudio exhaustivo antes de emitir licencias de pesca y/o subvencionar y favorecer con dinero público a empresas que incurren, de forma reiterada, en delitos tipificados a nivel nacional e internacional.
Creemos que hay que poner en valor a aquellas empresas que demuestran estar al día en el cumplimiento de sus responsabilidades, no sólo en materia laboral y de contratación, como ejemplifica la firma de este convenio, sino también en materia de legalidad de las capturas y sometimiento a los criterios de sostenibilidad.